La Junta niega que haya "responsabilidad política" por la indemnización al Nevada

  • Sandra García dice que la Junta de Andalucía actuó siempre siguiendo las "directrices" del gabinete jurídico

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha reconocido la sorpresa de la Junta ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le condena a indemnizar con 165 millones al promotor del Centro Nevada y ha dicho que no hay "ninguna responsabilidad política".

García ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas y después de conocer la sentencia del alto tribunal, que condena a la Junta a indemnizar al promotor del Centro Comercial Nevada de Armilla, Tomás Olivo, con 165,64 millones por los años de paralización de las obras de este complejo.

La delegada del Gobierno andaluz en Granada ha subrayado su respeto "más absoluto" a la sentencia y ha reconocido la sorpresa del Ejecutivo ante el pronunciamiento del TSJA, que están estudiando para formalizar un recurso en el Tribunal Supremo (TS) en un plazo máximo de treinta días.

"No nos esperábamos una condena por el lucro cesante", ha apuntado García, que ha dicho que no existe "ninguna responsabilidad política" porque la Junta actuó siempre siguiendo las "directrices" del gabinete jurídico.

Ha recalcado además que la Junta discrepa con "prácticamente todo" el contenido de la sentencia y ha interpretado que no se puede "achacar" al Gobierno andaluz el lucro cesante que sí contempla el alto tribunal para fijar la cantidad de la indemnización.

"No entendemos que un proceso penal no se tenga en cuenta ante uno administrativo", ha concluido García.

La sentencia del TSJA estimó en parte los recursos planteados tanto por la Junta como por la promotora del Centro Nevada y eleva a 165,64 millones la cuantía de la indemnización, que el Juzgado de lo Contencioso 1 de Granada fijó en julio del año pasado en 157,41 millones en concepto de daño emergente y lucro cesante.

La construcción del Nevada estuvo paralizada cerca de una década como medida cautelar de un proceso penal y derribó parte de los 370.000 metros cuadrados construidos, espacio que después avaló como legal el Tribunal Supremo.

"Las consecuencias del procedimiento penal fueron las acordadas en su día por la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que supusieron, entre otras, la demolición de los 1.457 metros cuadrados anteriormente señalados", recordaba la sentencia.

También apuntó que aunque la Junta entiende como anormal que el procedimiento penal se extendiera entre 2006 y 2014, la legislación le permitía solicitar "en cualquier momento" la finalización de la medida cautelar por la que se pararon las obras, revocación que no podían pedir ni la promotora ni el tribunal.