La Fiscalía rebaja a 8 años de inhabilitación su petición para el alcalde de Armilla

  • Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa en las obras de ajardinamiento y embellecimiento de una rotonda de la localidad

La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones definitivas ocho años de inhabilitación para el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE), al que acusa de un delito de prevaricación administrativa en las obras de ajardinamiento y embellecimiento de una rotonda de esta localidad.

En la última sesión del juicio que acoge la Audiencia de Granada, el Ministerio Público ha rebajado la petición inicial de condena que hacía contra el regidor al retirar los cargos por malversación de caudales públicos, por el que le solicitaba de forma provisional cuatro años de prisión y otros ocho más de inhabilitación.

La Fiscalía, a cuya solicitud se ha adherido la acusación popular que ejerce el PP, ha interesado la misma condena para el exjefe de Urbanismo del consistorio Rafael P.C. y ha retirado todos los cargos contra un representante de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que ya ha quedado absuelto por el tribunal.

Durante el trámite de informes finales, la fiscal del caso ha expuesto que, a principios de 2010, en el encargo e inicio de las obras de ajardinamiento y embellecimiento de una rotonda de entrada a Armilla se prescindieron de las "elementales normas procedimentales" sobre la materia.

Al respecto, ha expuesto que la decisión del alcalde fue "verbal y unilateral", que hubo reuniones técnicas que "nunca fueron documentadas" y que la actuación además tuvo una "ausencia completa de sustento jurídico".

No hubo informe jurídico que justificara, ha añadido, que las obras iban a ser financiadas con cargo a los dividendos de la empresa mixta Armigesa dentro de un contrato general de servicios de mantenimiento de áreas verdes.

La fiscal también se ha referido a un informe "demoledor" posterior de la secretaria del Ayuntamiento en el que esta expuso que las obras no contaban con ninguna encomienda, que no había habido expediente de contratación y que no podían formar parte del acuerdo general con Armigesa.

Durante la primera sesión del juicio, que arrancó este pasado lunes, el alcalde de Armilla defendió que actuó correctamente al ordenar las obras de embellecimiento de la rotonda y atribuyó la causa a motivaciones políticas.

El regidor dijo ante el tribunal que había seguido todos los pasos "de forma correcta" al encargar los trabajos a la empresa mixta Armigesa y que ninguno de los técnicos mostró oposición.