La Audiencia fija para marzo el juicio por las obras de la rotonda de Armilla

El alcalde de Armilla, cuando declaró como investigado ante el juez instructor, en octubre de 2014.
El alcalde de Armilla, cuando declaró como investigado ante el juez instructor, en octubre de 2014. / ALFREDO AGUILAR
  • Gerardo Sánchez, que se enfrenta a cuatro años de cárcel y 16 de inhabilitación, afronta la vista «tranquilo» y confía en su absolución

El juicio por las obras de embellecimiento de la rotonda de acceso a Armilla, por las que la fiscalía solicita cuatro años de cárcel y 16 de inhabilitación para el alcalde del municipio, Gerardo Sánchez (PSOE), ya tiene fecha. La Audiencia Provincial de Granada ha reservado tres días del próximo mes de marzo (27, 28 y 29) para el enjuiciamiento, que tendrá lugar en la sala de vistas de la sección segunda, según informaron a este diario fuentes judiciales.

El primer edil de Armilla está acusado de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de fondos públicos cometidos, presuntamente, en el procedimiento de adjudicación de la referida actuación. Sánchez compartirá el banquillo de los acusados con el gerente de Armigesa (empresa de capital mixto participada por el Ayuntamiento de Armilla) y un trabajador municipal del área de Urbanismo.

El caso de la rotonda de Armilla se inició con una denuncia del propio Ayuntamiento en mayo de 2012 mientras gobernaba Antonio Ayllón (PP). Los populares llevaron al juzgado las presuntas irregularidades cometidas durante el mandato previo de Gerardo Sánchez en la adjudicación del embellecimiento de la rotonda en vísperas de las elecciones municipales de 2011.

El asunto aterrizó en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, cuando aún era su titular el magistrado Miguel Ángel del Arco, ya jubilado. Este, en junio de 2014, acordó el archivo del procedimiento pese a reconocer en su resolución que existían indicios de delito. Un mes después el instructor dio marcha atrás e imputó de nuevo a Gerardo Sánchez al estimar un recurso al auto de archivo presentado por Antonio Ayllón. Según el instructor, el Ayuntamiento, presidido por Sánchez, habría contratado a Armigesa de manera «totalmente ilegal» las obras de embellecimiento de la rotonda situada entre la A-44 y la N-323-A por un importe de cerca de 280.000 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que los acusados actuaron «aprovechando la existencia de la empresa mixta y el control que sobre la misma poseían, previamente concertados para ello y en función de la unitaria y común pretensión de enriquecerse ilícitamente para sí mismos y favoreciendo a terceros, a costa de recursos y fondos dinerarios de procedencia pública». Así, indica que el alcalde, que a su vez era presidente del consejo de administración de Armigesa, y el gerente de la misma y apoderado, decidieron ejecutar, con cargo a los fondos públicos del Ayuntamiento de Armilla, las obras precisas para la remodelación y ajardinamiento de la rotonda. Y lo hicieron, «prescindiendo de todas las garantías del procedimiento administrativo preceptivamente aplicable a la envergadura y naturaleza de dichas obras, eludiendo fraudulentamente dicha normativa».

Ejecución del proyecto

El proyecto se decidió ejecutar en 2010, «sin someterse a ningún procedimiento negociado de licitación, constatación de la existencia de crédito suficiente, consignación presupuestaria previa, ni fiscalización y contabilización del gasto previsto y de la ejecución del mismo, sustrayendo el planteamiento, desarrollo y la ejecución de tales obras al resto de los propios miembros electos del Ayuntamiento y sus órganos técnicos», afirma la fiscalía. Como resultado de tal «ilícito proceder», el 25 de mayo de 2011, estando las obras ejecutadas, llegó la autorización del Ministerio de Fomento para llevarlas a cabo, cuando ya habían supuesto un coste de 276.259'98 euros.

En declaraciones a IDEAL, Gerardo Sánchez, manifestó que afronta el juicio «con mucha tranquilidad», así como «con cierta satisfacción de que esta pesadilla llegue al final». Así, se mostró confiado en que la justicia trate el asunto de forma «adecuada» y no vaya más allá de donde ha llegado hasta ahora, después de haber sido archivado y luego reabierto por el recurso del PP. «Tengo mucha confianza pues creo que se hizo lo mejor para el Ayuntamiento y, de hecho, no hubo ninguna transacción económica en una obra que pagó la empresa que gestionó el servicio de jardines del municipio sin recibir ninguna compensación económica a cambio». Está convencido de que todo acabará en una sentencia absolutoria.