El Ayuntamiento de Armilla dice que el contrato con la empresa investigada estaba "fiscalizado"

  • El consistorio detalla que, hasta el momento, no ha recibido "ningún requerimiento ni notificación" relacionada con este caso

El Ayuntamiento de Armilla (Granada) ha asegurado este martes que el contrato que suscribió con una de las empresas investigadas en el marco de la operación contra la corrupción municipal, que prevé este martes once detenciones y 48 registros en diez provincias, estaba "debidamente fiscalizado".

A través de un comunicado de prensa, este Consistorio granadino ha señalado que este martes ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que 48 dependencias municipales estaban siendo investigados por el Juzgado Número 1 de El Vendrell (Tarragona), en el marco de la operación "Térmyca".

También de que se estaban haciendo requerimientos de información a una quincena de ayuntamientos, entre los que se encontraría el de Armilla.

Este consistorio ha detallado que, hasta el momento, no ha recibido "ningún requerimiento ni notificación" relacionada con este caso, pero que en el momento en que así sea facilitará la documentación que se requiera.

Con relación a una de las empresas mencionadas en informaciones periodísticas, el Ayuntamiento de Armilla ha indicado que suscribió un contrato con ella en el año 2014 por un importe de 18.000 euros y cuyo objeto de contrato era "asistencia técnica de gestión tributaria".

Se trató, ha añadido, de un contrato "obligado" por muchos ayuntamientos debido a las limitaciones establecidas a partir de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Según el Ayuntamiento, los importes fueron abonados en varias facturas mediante transferencia bancaria "debidamente fiscalizados" por los servicios técnicos y con sus debidos informes jurídicos y técnicos correspondientes.

La Guardia Civil lleva a cabo desde primera hora de la mañana una operación contra la corrupción municipal, en la que prevé once detenciones y 48 registros en diez provincias, la mayoría en Cataluña, en el marco de una investigación por contratos vinculados a las consultoras Efial y CGI.

Temas